Durante décadas hemos escuchado que el precio de la vivienda en Canarias era una cuestión de oferta y demanda. Que el mercado se regularía solo. Que bastaba con construir más. Ninguna de estas premisas ha funcionado. Lo que estamos viviendo no es un fallo del mercado: es el resultado de decisiones políticas tomadas durante veinte años que priorizaron el beneficio a corto plazo sobre el acceso digno a la vivienda.
La especulación no cae del cielo. Se construye ladrillo a ladrillo con recalificaciones, con silencio cómplice y con instituciones que miraron hacia otro lado mientras el suelo se convertía en activo financiero antes que en derecho social.
Ahora toca reconocerlo sin eufemismos: necesitamos intervención pública real, no declaraciones de intenciones. O actuamos en diez años o el problema será irreversible.
